En medio del nerviosismo de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández y los jueces quedaron envueltos en un enfrentamiento originado en la crisis de las excarcelaciones de presos de alta peligrosidad que fueron beneficiados con las prisiones domiciliarias por el riesgo del Covid 19. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional dijo en un comunicado que el problema no son las sentencias de los magistrados, como señaló el Presidente, sino los gobiernos de turno.
Los jueces aseguraron que el mayor problema consiste en la falta de infraestructura carcelaria para garantizar la seguridad sanitaria y los derechos humanos de los reclusos. Y ese déficit es atribuible a las sucesivas gestiones políticas, entre ellas las de los gobiernos peronistas y de Cambiemos, y no a las decisiones de los jueces y camaristas.
En el mismo día, la Casa Rosada anunció un plan para mejorar las cárceles con mayor espacio para reclusos y el gobierno provincial de Axel Kicillof presentó un plan de ampliación de plazas carcelarias. La nueva política de Estado del peronismo es la obra pública penitenciaria.
Cada uno, de ese modo, le tiró la responsabilidad al otro. Cuando se conocieron las excarcelaciones de miles de violadores, asesinos, femicidas y narcotraficantes, el Gobierno justificó primero esas decisiones porque decía que buscaban evitar el riesgo de la salud, como lo había ordenado la Comision Interamericana de los Derechos Humanos.
Pero luego de observar el rechazo social en las encuestas y el cacerolazo del jueves último salió a tomar distancia y culpó de las prisiones domiciliarias a los jueces, que son los que emiten sus fallos.
El presidente Alberto Fernández instruyó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y al de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para que se comiencen a evaluar obras de centros de aislamiento dentro de los terrenos de los penales de la provincia de Buenos Aires.
Por ahora, hablaron de doce penales bonaerenses, pero todo está en evaluación y no se sabe si se construirán esa cantidad. Cada uno de esos espacios tendrá su propia enfermería. La construcción será en seco (módulos) y de instalación rápida. Se arman en 15 días se hacen a través de una contratación de Naciones Unidas.
No hay cantidad precisa de detenidos que pueden recibir. Después de la pandemia quedarán como enfermería o salón de usos múltiples, gimnasios o espacios para talleres de oficios.
Hace dos meses se comenzó la remodelación de 3 cárceles del Sistema Penitenciario Federal: Mercedes (Buenos Aires), Coronda (Santa Fé) y Luján de Cuyo (Mendoza). Para las nuevas construcciones se están aún relevando los penales que serían remodelado.
Hace un mes, en Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti montó un sistema de contención y prevención de contagios en cárceles con protocolos de traslados de detenidos y montó carpas en el exterior de los penales, como una alternativa a la prisión domiciliaria.
Las carpas se instalaron en el complejo carcelario de Bouwer, Establecimiento Penitenciario N°3, en el Establecimiento Penitenciario N°6 de Río Cuarto y el N° 7 de San Francisco.
Quien se sumó a la furia de las obras carcelarias fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el total respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Anunció que serán inauguradas 1.350 nuevas plazas penitenciarias, con una inversión de 800 millones de pesos, en distintas unidades penitenciarias de la provincia.
