La falsa denuncia de violencia y abuso se ha convertido en el gran flagelo de la última década. Su poder de destrucción es devastador porque impacta no sólo en la persona falsamente denunciada y todo su entorno (familiar, social, laboral) sino que deja una marca indeleble en lo más preciado que los seres humanos podemos tener: nuestros hijos.
Ante cada falsa denuncia, al niño se le arranca –literalmente- la mitad de su Ser. Efectivamente, sin verificar los hechos denunciados, el Juez dispone “automáticamente” una restricción a ese progenitor respecto de sus hijos (normalmente quien realiza la falsa denuncia es la mujer; también hay casos a la inversa pero en mucha menor medida).
Es decir, el progenitor falsamente denunciado ya no podrá verlos, no sabrá de sus actividades escolares, de su salud, etc. Esta decisión judicial es tan brutal, que además de violentar el Principio de Inocencia consagrado en nuestro ordenamiento legal, ni siquiera advierte que el progenitor que realizó la falsa denuncia generalmente padece patologías psicológicas previas, y que es con esta persona –además- con quien el niño continúa conviviendo durante todo el proceso penal, que puede durar años.
Tan demencial es el sistema procesal argentino, que hasta tanto el Juez corrobora que la denuncia fue falsa y que estuvo motivada en rencores y desinteligencias conyugales, el falso-denunciante usa todo ese tiempo para denostar la imagen del otro progenitor, con lo cual el niño no sólo es doblemente maltratado psicológicamente, sino que dicho maltrato es de ejecución continuada; es decir, estamos ante uno hecho aberrante: “maltrato infantil”.
Ahora bien: ¿Cómo es posible que este flagelo tan potente puede desarrollarse con total impunidad?. Luego de años de investigación y seguimiento de casos (y en ésto deseo hacer un reconocimiento especial a nuestros asesores letrados, profesionales muy serios con más de 30 años de experiencia como los doctores Patricia y Rubén Anzoátegui, y Gustavo Topic), hemos detectado que detrás de estas falsas denuncias existe una verdadera “industria millonaria” integrada por algunos profesionales del derecho y la psicología.
El Modus Operandi es tan sencillo como efectivo: el proceso se inicia con una denuncia en la “Oficina de Violencia Doméstica” (OVD) y/o con un informe elaborado –normalmente- por una psicóloga a pedido del progenitor denunciante, cuidadosamente redactado en modo “potencial”, indicando que “existirían ‘indicios’ de abuso”.
Con dicha denuncia ante OVD y/o el informe falso, es el letrado patrocinante quien ejecuta la segunda fase de esta maniobra perversa, sabiendo que el Juez reaccionará dictando una medida de restricción de acercamiento del progenitor denunciado, tanto respecto de sus hijos como del falso-denunciante (son las famosas “perimetrales”). Y es partir de ese momento que comienza un verdadero calvario para los hijos y para la víctima de la falsa denuncia, porque de manera irracional e ilegal, se impone al denunciado la carga de la prueba.
Es realmente perverso. Pero también existen efectos colaterales que impactan en toda la sociedad. Dado que estas falsas denuncias se efectúan por miles, los Juzgados colapsan por exceso de expedientes y todo ese dispendio jurisdiccional son recursos que el Estado le quita a las víctimas reales. Si bien muchos tribunales reconocen -por lo bajo- fallas en el procedimiento, lo cierto es que los jueces no sólo no impulsan de oficio una causa contra quien cometió el delito de falsa denuncia, sino que cuando quien cometió ese delito es generalmente mujer, las mismas son sobreseídas “automáticamente” sin siquiera citarlas a declarar; y aquí soy más enfática aún porque tenemos pruebas concretas.
Si bien –como dije- los casos son miles en todo el país, hay algunos que son emblemáticos como el caso “Rotili” en la provincia de Bs.As. que tuvo amplia repercusión en los los medios de comunicación.
En el ámbito de Ciudad, tenemos todas las pruebas de otro caso inaudito: mujer denuncia falsamente por abuso al padre de sus hijas; el juez de Feria (dato singular es que estas falsas denuncias se realizan normalmente durante las Fiestas y la feria judicial aprovechando que dicho Juez nada conoce del expendiente principal y por tanto ignora todos los informes psicológicos adversos de la denunciante) dá curso a la denuncia enviando a Instrucción por el delito de abuso sexual.
Una vez en sede penal y luego de 1 año y 8 meses de proceso, la verdad se impone y el Juez penal dicta el sobreseimiento del papá no sólo por inexistencia de delito, sino además porque la “señora” había introducido prueba falsa en el expediente penal y brindado declaración testimonial falsa en las propias narices del Fiscal.
Es decir, esta mujer “no se privó de nada”: denuncia de abuso falsa, informe psicológico falso, prueba documental falsa y testimonio falso, además de haber recibido sendos llamados de atención por inconducta durante los estudios psicológicos de la niña e incluso durante la Cámara Gessell.
Con todas las pruebas en mano, el papá de las niñas inicia acciones penales contra la psicóloga contratada por la madre que elaboró los informes falsos que facilitaron la iniciación de la causa penal, y por supuesto contra su ex pareja. Insólitamente y de manera “express”, tanto la madre de las niñas como la psicóloga son sobreseídas en primera instancia por el Juzgado de Instrucción Nr. 49 de CABA -casualidad o no, a cargo de una mujer- sin siquiera llamarlas a declarar. Insisto, tenemos todas la pruebas.
Obviamente la sentencia fue apelada y se encuentra actualmente en Tribunal de Casación, donde –como usted imaginará- tenemos puesta toda nuestra atención. Si la Justicia argentina no se decide a actuar en dos frentes coordinamente, este flagelo avanzará hasta el punto de destrucción total de nuestro núcleo social: la familia.
El sistema es tan demencial, que esta misma entrevista podría representar un riesgo para usted ya que mi sola palabra de “mujer” sería elemento válido suficiente para ir ahora a la OVD y denunciarlo diciendo que usted “me acosó” en la entrevista; tan sólo con eso, usted quedaría sometido a proceso penal, con el riesgo adicional de perder su trabajo, su honor y demás.
Por eso es imperioso que ante cada falsa denuncia comprobada, los jueces impulsen de oficio una causa contra el delincuente (sea hombre o mujer) y al mismo tiempo, los jueces de familia reviertan la Guarda del menor entregándolo al progenitor inocente, que además es el mentalmente sano y el que velará adecuadamente por su bienestar.
Pero ésto sólo sucede cuando el caso toma estado público y es por eso que cada vez más comunicadores están poniendo la lupa sobre esta cuestión y en los juzgados empieza a notarse una conciencia de la problemática, aunque aún están muy ‘tomados’ por la nefasta “perspectiva de género” que lleva a resguardar inexplicablemente al falso-denunciante, y con ello generan un perjuicio irreparable en los niños con le consecuente efecto devastador en la sociedad toda.
*Nancy Pace es Fundadora y Coordinadora de MUJERES SANAS
