Por Mariano Obarrio.-
Las encuestas y el cacerolazo, que demostraron el profundo rechazo de la sociedad por la liberación de presos, disuadieron al presidente Alberto Fernández de avanzar en las prisiones domiciliarias de presos de alta peligrosidad para disminuir el riesgo de contagios por coronavirus, una mala idea de funcionarios kirchneristas avalados por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Las presiones del kirchnerismo se volvieron insoportables. Decenas de jueces de Justicia Legítima, abogados defensores, y el presidente de la Comisión de la Memoria, Roberto Cipriano García, comenzaron a reclamar por las excarcelaciones. También se profundizaron las tensiones. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, mano derecha de Alberto, desactivó a su viceministro Juan Martín Mena de esa operación en las cárceles.
Desafectó a Mena de las reuniones de la mesa de negociación en el penal de Villa Devoto. El secretario de Justicia no concurrió a la reunión del jueves. En su lugar asistieron Pablo Barbuto, subsecretario de Política Criminal, y Emiliano Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal. Esos mismos irán el miércoles 6 a la reunión definitoria. Losardo ya no se habla con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que había pedido la excarcelación de Ricardo Jaime sin consultarlo con ella. Pietragalla y Mena son dos operadores de Cristina Kirchner.
Las relaciones se deterioran entre Losardo y Mena. El funcionario K simpatiza mucho más que ella con el “garantismo” kirchnerista. Esta tensión se da en un contexto en el que Cristina Kirchner y La Campora avanzaron sobre el Gobierno y coparon todas las cajas políticas. El Presidente le cedió lugares clave al kirchnerismo para blindarse ante una eventual crisis social.
La vicepresidenta logró que el jefe del Estado nombrara a María Fernanda Raverta, de La Campora, en la Anses, el mayor presupuesto del Estado, con 2,8 billones de pesos. La ex presidenta puso además a Sergio Affronti como gerente general de YPF y a Andres Larroque como ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. El avance de La Campora en el poder es imparable.
En algunos sectores camporistas ahora bromean: “Alberto Fernández es el jefe de Gabinete de Cristina Kirchner”. Como lo era hasta 2008, cuando renunció por la crisis del campo.
Lo cierto es que Losardo le ordenó a Barbuto y Emiliano Blanco negociar las listas de presos en riesgo de contagio que podrían ser excarcelados con prisión domiciliaria. Estarán los jueces, familiares y abogados de los presos. Tanto ella como el Presidente respaldan que se liberen los condenados y procesados, pero sólo por delitos leves, de poca pena, embarazadas o que sean de los grupos de riesgo, pero no a los homicidas, femicidas, violadores y condenados por violencia de genero. En todo caso, Losardo y Alberto dicen que “todo debe quedar en última instancia en manos de los jueces que deben resolverlo caso por caso”. Buscaron deslindar así en los jueces la bronca de los cacerolazos.
En rigor, el Presidente y Losardo están de acuerdo con la Acordada 9 de la Cámara de Casación Penal, firmada el 13 de abril por 9 jueces, con la disidencia enérgica de Eduardo Riggi y Liliana Catucci. La acordada distingue entre delitos leves y graves, pero deja abierta la puerta a subterfugios que generarían la excarcelación de presos de alta peligrosidad.
En total el Servicio Penitenciario Federal liberó a 320 reclusos de un total de 1280, el grupo de riesgo por el coronavirus. El servicio penitenciario bonaerense liberó a unos 1600 presos por causa del Covid. Pero el universo total podría llegar a 2900. La tranquera en Buenos Aires la abrió el juez Victor Violini de la Cámara de Casación bonaerense con un habeas corpus colectivo el 8 de abril.
Hay dos trampas legales en la Acordada 9 de Casación Penal. Por un lado, entre varios puntos, permite excarcelar con prisión domiciliaria a los que “no representen un riesgo procesal significativo”. Algunos interpretan que podría ser liberado un asesino detenido y procesado sin condena, pero al que se le está por hacer juicio.
Por otro lado, permite liberar a personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, transitoria o condicional: un condenado a 8 años por asesinato o violación, que está cumpliendo su sexto año de prisión porque la palabra “inminente” es muy vaga, según dicen los propios jueces.
Por eso, el Presidente buscó desligarse del ala dura del garantismo kirchnerista para no pagar los costos del cacerolazo y de las encuestas adversas por las excarcelaciones. Ya el miércoles se sabía que el pronunciamiento de la gente sería devastador para el Gobierno y por ese motivo tomó distancia al escribir tuits en los que negó su supuesta intención de “indultar o conmutar penas”.
En la mañana siguiente, Losardo repitió el mismo discurso por radio. El Presidente le añadió además una acusación a los medios de prensa de montar una campaña para desgastar al Gobierno, mientras que la ministra aclaraba que no quería liberar a asesinos, violadores y femicidas
Nunca, hasta allí, se había especulado con un posible indulto o conmutación de penas. ¿Por qué lo dijeron Fernández y Losardo? Porque muchas presiones internas del kirchnerismo se abatieron sobre la Casa Rosadas para que el Presidente firme el indulto a los presos de la corrupción K. El mensaje de Alberto Fernández era más hacia adentro que afuera. En ese mismo momento se decidió desactivar a Mena de la mesa de negociación. Las encuestas y los cacerolazos obligaron a recalcular sobre las salidas más garantistas pero que al mismo tiempo generarán más presión en las cárceles, donde muchos presos se impacientan, tal como lo dicen en los videos filmados en los penales, para recibir su recompensa por haber votado al Frente de Todos en las últimas elecciones.
