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Por Mariano Obarrio
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En medio de una crisis sanitaria mundial que finalmente azotó a la Argentina, con nuevos casos de coronavirus todos los días, angustia social y discusiones políticas internas, el gobierno de Alberto Fernández asegura que insistirá en presentar este viernes 13 de marzo el proyecto de ley de aborto legal para que el Congreso lo trate en forma expres como si fuera la prioridad absoluta de la salud pública.
Nunca más que ahora una medida de gobierno puede ser más extemporánea e inoportuna. Y por lo tanto llama mucho la atención. En medio de una crisis económica y fiscal, con el Estado que no puede pagar contratos de proveedores, el tratamiento de coronavirus requerirá de muchos recursos económicos adicionales.
Sin ir más lejos, el Presidente dispuso una partida extraordinaria de 1700 millones de pesos para aumentar los reactivos y los diagnósticos de coronavirus. Podría tener que aumentar esa partida en el futuro inmediato. Y si la enfermedad avanza, el Estado deberá disponer camas, hospitales, médicos, enfermeros, medicamentos y mucho dinero más.
Sin embargo, con las arcas escuálidas, la Casa Rosada deberá destinar más recursos aún si el Congreso aprueba en menos de un mes el aborto legal, porque deberá afrontar un crecimiento exponencial de la demanda de abortos. Se sabe que en los países donde se dispuso la legalización del aborto, estos crecieron diez veces en pocos años.
Eso requerirá enormes partidas de Misoprostol, que deberá pagar el Estado con los impuestos que nos aumentan a todos, todos los días. Pero no solo eso, también el Estado deberá garantizar muchas camas y quirófanos para los abortos que pasan de la fase farmacológica a la fase quirúrgica o a la internación hospitalaria.
Según datos oficiales, el 31 por ciento de los abortos farmacológicos (con suministro de Misoprostol) terminan en internaciones hospitalarias porque esa droga no es un chiste: provoca hemorragias, sangrado, infecciones y algunas mujeres han muerto, como Keyla Jones, en 2015, en un caso de aborto no punible ILE, o rozado la muerte. Este es un efecto que generalmente se les omite informar a las mujeres que abortan para que no se asusten y no desistan de la práctica.
Una mujer que abortó contaba lo siguiente: “Luego de tomar esa pastilla, comencé a sentirme mal y me desvanecí y no podía llegar a ningún hospital. Me caí en la escalera de mi edificio y me encontró un amigo, que me pudo llevar pero creí que me moría ahí nomás”. Por supuesto, esa mujer hoy es una militante próvida porque vivió la experiencia.
Esas internaciones requieren de calmantes, analgésicos, medicamentos varios, enfermeras, médicos, cirujanos, intervenciones, internación. Todo eso implica un costo incalculable. El aborto entonces no es seguro ni gratuito: lo pagamos todos, igual que si fuera un paciente oncológico o un accidentado, para lo cual el Estado tiene que estar presente con la salud pública. En plena crisis mundial del coronavirus, con un sistema de salud colapsado y sin recursos fiscales, el apuro por el aborto gratuito en la Argentina parece una broma de mal gusto.
El problema se agravará en las provincias. Muchos de los centros de salud provinciales, en los lugares más alejados de la Argentina profunda, son una postal desoladora. Faltan todo tipo de insumos, medicamentos, médicos e higiene. ¿De dónde se financiarán las provincias para agregar más camas? ¿O se piensa desplazar a pacientes oncológicos o de coronavirus?
La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario dijo que la Nación debe compensar a la provincia porque necesita dinero, con más coparticipación y ampliar el fondo del conurbano. El gobernador Axel Kicillof estuvo a punto de defaultear un bono, el AB21, porque no tenía recursos. Sin embargo, gastó 15 millones de pesos en 80.000 pastillas de Misoprostol para garantizar el aborto “¿gratuito?”
Todo es un enorme disparate. Para evitar el aborto clandestino, que preocupa a los líderes abortistas, no hay que “legalizar” lo clandestino, sino perseguir a las clínicas clandestinas con el Código Penal. Ni este gobierno ni los anteriores investigaron, denunciaron, cerraron y menos penalizaron a los médicos/clínicas clandestinos. Pese a que violan el Código Penal están “autorizados” por aquellos funcionarios que se rasgan las vestiduras por las penurias del aborto clandestino.
Nadie puede explicar por qué una joven de 18 años desinformada puede detectar las clínicas clandestinas y no la inteligencia criminal. Es una obviedad. Y esa es la verdadera hipocresía: el aborto clandestino está permitido por un Estado que declama que hay que terminar con él, pero no combatiéndolo sino legalizándolo. Un contrasentido total.
En realidad, esas clínicas clandestinas serán las mismas, en la mayoría de los casos, que saldrán a la luz del día, blanqueadas, si se legaliza la práctica. Y muchas otras impulsadas por las grandes cadenas abortistas mundiales. Será un negocio multimillonario de esas clínicas y de los laboratorios vinculados al Misoprostol y a todos los fármacos inherentes al aborto.
Por eso mismo, llama demasiado la atención que en medio de una crisis colosal sanitaria a nivel local e internacional, un gobierno que no tiene dinero para pagar proveedores, tiene desequilibrio fiscal, aumenta la presión tributaria y negocia la deuda con el FMI y los bonistas privados, tenga tanto ímpetu para aumentar el gasto público con una nueva prestación médica como el aborto.
El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró hace tres semanas que el coronavirus no llegaría a la Argentina, porque estábamos muy lejos en el mundo y porque en nuestro país es verano. Pero solo estaba a 14 horas de vuelo. Los vuelos aerocomerciales y los cruceros llegan por decenas desde los principales países afectados. No era tan difícil darse cuenta de que el coronavirus podía llegar campante en Primera Clase. Y así fue, el primer infectado fue un pasajero de Primera Clase de Alitalia que se internó en la clínica Suizo Argentina, luego en el Sanatorio Agote. Un virus VIP.
Pero Gines y el gobierno no le prestaban atención a este fenómeno. En realidad, estaban más ocupados en escribir un proyecto de ley de aborto legal que, en caso de aprobarse, muy probablemente complique todas las prestaciones sanitarias argentinas y de todas las provincias, incluso las de coronavirus.
