Por Mariano Obarrio.-
Cuando todavía no venció a la pandemia del Covid 19, el presidente Alberto Fernández advirtió que se le dividía su tropa entre abolicionistas y moderados y que la sociedad se sublevó contra la impunidad de los presos. Buscó dar un golpe de timón y por eso, a fuerza de tuits, salió a despegarse del plan para excarcelar presos de alta peligrosidad, negó posibles indultos, y culpó de esas versiones a los periodistas y los medios.
Nunca se habló en los medios de la posibilidad de indultar presos ni de conmutar las penas. Pero la cuenta de Twitter del Presidente sirvió, en realidad, para enviar mensajes hacia el interior del Frente de Todos, donde algunos sectores fantasearon con indultos o conmutación de penas.
El pecado original de Alberto Fernández es haber pactado con el kirchnerismo. El Frente de Todos es un conglomerado de fuerzas dentro de las cuales existen sectores que presionan por sacar presos peligrosos de las cárceles. El plan es anterior a la pandemia del coronavirus. Pero la cuarentena les cayó del Cielo a estos ideólogos abolicionistas para acelerar a fondo en favor de sus “compañeros privados de la libertad”.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también tuvo que salir a aclarar que no buscará liberar presos ni reducirles las penas. Sin embargo, Fernández y Kicillof juegan al límite: ellos o sus ministros de Justicia avalan la idea de las Cámaras de Casación nacional y provincial, que recomendaron alternativas a la privación de la libertad para evitar riesgos de contagios con el Covid 19 y mandar delincuentes a sus casas.
El tuit del Presidente sirvió para marcar la cancha de la negociación que se hará hoy en el penal de Devoto: no habrá acciones del Poder Ejecutivo para excarcelar presos, porque todo quedará en manos de los jueces.
Es lo que Alberto Fernández se vio obligado a hacer, ayer a media tarde, cuando se enteró de que por la noche habría un estruendoso cacerolazo en muchos barrios de la Ciudad y del conurbano en contra de la liberación de presos, ladrones, asesinos y violadores. Además, Cambiemos encontró una causa común para unificarse en contra del Gobierno.
El Gobierno se la sirvió en bandeja. El Presidente y Kicillof no pueden darse el lujo de desgastarse y poner el cuerpo por los internos de los penales cuando deben enfrentar una crisis sanitaria y una mega crisis económica y social que el Covid 19 dejará en el país por mucho tiempo.
“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto”, dijo Alberto por Twitter cuando nadie había publicado la posibilidad de un indulto. “Digo esto –explicó- en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”.
La campaña esta dentro del Gobierno. Más precisamente en el kirchnerismo, donde desde diciembre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, viene visitando a los “presos políticos” Julio De Vido, Amado Boudou, Luis D’Elía, Martín Baez, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Milagro Sala.
De Vido, Boudou, Sala y D’Elía lograron prisión domiciliaria. Fracasó con Jaime y Martín Baez y sigue intentando con Schiavi.
Prosiguió Alberto. “Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”, redundó.
“Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”. Fue un mensaje hacia afuera, pero también hacia los sectores más duros del kirchnerismo.
Por un lado, buscó frenar una bola de nieve en la sociedad: se instala que el Gobierno busca liberar presos para crear milicias militantes llevados por ideólogos del kirchnerismo con ocasión de la pandemia.
La línea argumental es que el Covid serviría como excusa para liberar presos, gobernar por decreto y condicionar el Estado de derecho. Alberto lo cortó de raíz. Otro mensaje fue hacia el kirchnerismo duro: no se sigan haciendo los rulos para liberar presos.
En esto su mejor aliado fue Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Diputados atacó primero que nadie a los jueces que quieren liberar presos y los amenazó con el juicio político. Y ayer informó el acuerdo para que la Cámara baja sesione de manera remota. El mensaje es que no se gobernará más por DNU y el Congreso funcionará. Un paso de normalidad.
Sergio Berni también ayudó a Fernández. Colocó a Raúl Zaffaroni, que defendió la salida de presos, en el lugar de los defensores de delincuentes y dijo que ellos arman “masacres” y no el coronavirus en las cárceles.
El que no se había ayudado a sí mismo fue el propio Presidente. Anteayer dijo que la propia CIDH había recomendado las prisiones domiciliarias y que las cárceles eran un lugar de riesgo humanitario por el Covid 19. Dio la sensación de que avalaba las excarcelaciones.
El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo en sintonía que la crisis carcelaria es profunda y que los delincuentes por causas leves o en situación de riesgo podrían volverse a sus casas. Todo ello provocó ruido. De todos modos, Fernández y Alak dijeron que son los jueces los que decidirán.
En la Justicia hay de todo. Garantistas como el Presidente, abolicionistas como Zaffaroni y clásicos como Eduardo Casal, procurador general de la Nación, o los jueces de la Casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci.
Los jueces kirchneristas actúan para complacer al ala más garantista. El 8 de abril, Víctor Violini, presidente de la Cámara de Casación Penal, dictó un habeas corpus colectivo que abrió la puerta a 2300 reclusos en riesgo para pedir las excarcelaciones. Todavía no están todas resueltas. Pero comenzaron a salir violadores y delincuentes comunes.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, de pensamiento clásico, contabilizó 2944 pedidos individuales de liberación de presos. Desde el 8 de abril se concedieron 1400 excarcelaciones. La mitad son del universo de riesgo. No hay diferencias significativas con el promedio del flujo mensual. En 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 era 5,5% para esta altura del año. Desde enero de 2020 es de 6.2%.
El universo de riesgo asciende a 2300 internos en el fallo de Violini. Pero si se concedieran los 2944 se sobrepasaría aquel promedio.
El 8 de abril también el procurador penitenciario Francisco Mugnolo le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal, la que tiene jurisdicción nacional, que defina criterios para morigerar o acortar las penas.
Propuso un universo de potenciales beneficiarios y, entre condenados por delitos leves o población de riesgo, incluyó a asesinos o violadores detenidos a los que se le está por hacer juicio o que están en condiciones de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida: un condenado a 8 años podría ser liberado en el sexto o séptimo año.
El 13 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal le respondió favorablemente a Mugnolo en la Acordada 9 que fue firmada por Angela Ledesma, Presidenta, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky, Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo. Solo firmaron en disidencia Liliana Catucci y Eduardo Riggi, dos jueces del tribunal inflexibles con el delito.
La mayoría se basó en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó “medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos”. Y aceptaron todo el universo de beneficiarios propuesto por Mugnolo.
Se atajaron y pidieron no liberar delincuentes comprometidos en “delitos graves, conforme normas constitucionales (…)”. Un juez de la Casación confió por lo bajo que esa cláusula era para los detenidos por causas de lesa humanidad, pero no se animaron a escribirlo.
Catucci y Riggi refutaron que las medidas propuestas “debían dirigirse al Poder Legislativo” porque modificarían leyes penales vigentes. Un argumento similar utilizó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, cuando le contestó a Mugnolo, que también le pidió a la procuración que instruyera a los fiscales las nuevas disposiciones.
Señaló que el Ministerio Público es un órgano independiente y que cualquier cambio “es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, como del Legislativo si lo que se pretende es modificar los términos de la ley de ejecución penal o las reglas procesales para el acceso a determinados institutos”. Sutilmente Casal pareció sugerir: “Que el Presidente indulte o conmute penas o que el Congreso reforme las leyes penales y procesales”.
Otro fallo ejemplar fue el del juez del Tribunal Oral federal 7, Germán Castelli. El 24 de abril declaró inconstitucional la Acordada 9 de la Casación y le denegó la excarcelación a Ana Lucía Tavara Huaman, condenada por comercialización de estupefacientes, tras un juicio abreviado en el que aceptó su responsabilidad.
Si el caso es apelado ante la Cámara de Casación, los jueces serían recusados porque ya opinaron en la Acordada 9, algunos en favor y otros en contra de la excarcelación de presos. Se nombrarían conjueces.
El fallo de Castelli fue muy duro con la Acordada 9 y dijo que “importa un avance sobre la independencia que la Carta Magna” les otorga a los jueces. Del otro lado, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, jefa de los abogados defensores oficiales, les recomendó que pidan la libertad de sus defendidos. Alberto Fernández y Kicillof, incluso Cristina Kirchner, saben que juegan con fuego. La sociedad está que arde con la impunidad de los delincuentes y éstos amenazan con seguir incendiando cárceles.
