POR MARIANO OBARRIO
Luego de un ajuste con más presión tributaria a la clase media, el campo y la industria, el presidente Alberto Fernández apuesta todo a resolver el problema de la deuda: no pagar por dos, tres o cuatro años las amortizaciones de capital, estirar los plazos de vencimientos, y así habrá recursos para políticas de desarrollo y para redinamizar una actividad paralizada desde hace al menos ocho años.
Pero le faltan tres patas a esta mesa para cambiar la historia: recortar significativamente el gasto público tanto en la Nación como en las provincias; aumentar la base tributaria hacia el 40 por ciento que no paga impuestos, e incluir a 6 millones de personas de la población económicamente activa en el mercado formal de trabajo y que hoy sólo viven de diversos planes sociales.
En la Argentina, todo quien recibe algún dinero del Estado tiene que trabajar, producir algún beneficio, o capacitarse para un trabajo que lo pueda volcar en la actividad privada.
Con el plan de Alberto Fernández, es probable que el déficit primario de 2020 termine en 0,2%. Y que haya alguna reactivación de corto plazo por la redistribución de recursos hacia los sectores que menos tienen. Pero con las reformas de fondo, se podría acelerar el proceso de mejoramiento fiscal. Y con ello, habría más recursos para destinar rápidamente a la recuperación económica y a combatir la inflación.
Reducir el gasto público
No es cierto que no se pueda avanzar en el recorte del gasto público. En el Estado nacional se gasta mucho y mal. Hay infinidad de quioscos, burocracia, automóviles, edificios, alquileres y desaprovechamiento de espacios. Sin ir más lejos, el edificio de Canal 7 se usa en un 25% y lo demás son depósitos con basura y escenografías viejas.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Medios públicos tiene otros edificios para alojar a Radio Nacional y Telam, diseminados en distintos lugares, como Tecnópolis o edificios en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Si se unificara todo el aparato estatal de medios en Canal 7, en Figueroa Alcorta y Tagle, se venderían inmuebles o se dejarían de alquilar. Es sólo un ejemplo.
Una enorme cantidad de dependencias del Estado están superpobladas de empleados en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en los organismos descentralizados. Existen maneras de hacer reingeniería en recursos humanos sin dejar en la calle a la gente en forma drástica y sin cobrar su sueldo. Se pueden aplicar políticas de incentivos a empresas privadas para que contraten empleados sin cargas patronales o con el sueldo estatal durante dos años. Nadie tiene que perder, todos tenemos que ganar. Y a los empleados que queden en el Estado hay que capacitarlos en las tareas y las competencias que mejoren los servicios al ciudadano.
Hay 60.000 contratos temporarios en la Administración Pública Nacional que ingresaron en la última oleada K hasta 2015. Muchos de ellos, no todos, son favores políticos. El parque automotor sigue sobredimensionado en todos los poderes del Estado. Los sueldos de varios funcionarios de las primeras y segundas líneas del Poder Judicial no guardan relación con su actividad. En todo el país hay casi 4 millones de empleados públicos entre la Nacion, las provincias y los municipios. Hoy supera la población de Uruguay. Pero el Estado no presta mejores servicios. Y sólo en el Estado nacional la cifra llega a 740 mil. Son 14 estadios de Boca Juniors repletos.
También hay que privilegiar las obras públicas urgentes y necesarias y no hacer las obras faraónicas por caprichos de un gobernante de turno. Cada peso debe tener una finalidad y un servicio. De lo contrario, es un peso más en la carga impositiva del contribuyente y un punto más de inflación.
Ampliar la base tributaria
En la Argentina, el 10 por ciento de la población tributa el 99% de la recaudación. Existe un 40 por ciento de la economía informal y un 40 por ciento de empleados en negro. El impuesto a los bienes personales lo pagan sólo 100 mil personas sobre 43 millones de habitantes. Estos son las batallas que hay que dar y se pueden dar. Unos 8 millones que trabajan pagan los sueldos, jubilaciones y planes de 19 millones.
El impuesto a los bienes personales lo puede pagar un profesional de clase media que tiene un patrimonio de 3 millones de pesos, pero muchísimas veces no lo pagan los ricos que tienen bienes por 30 millones. Hay una cultura de no pago del impuesto a los BBPP.
Los empresarios no toman empleados para no pagar cargas patronales o los incorporan con la modalidad del monotributo. Los monotributistas pagan diez veces menos impuestos que los responsables inscriptos en el régimen general de ganancias. Muchos comercios aún no dan ticket fiscal a sus clientes y los cuentapropistas no dan factura.
Incluir a los pobres
Dentro de la población económicamente activa existen 5/6 millones de personas que pudiendo tener edad laboral no tienen calificación para el más mínimo empleo y por lo tanto no tributan impuestos. No aportan ingresos al fisco, sino que le sacan. Viven de los planes sociales, son reclutados por organizaciones piqueteras y muchas veces deben dejar un diezmo para recibir sus planes a cambio de asistir a las marchas, según las organizaciones sociales a las que pertenezcan.
Por otra parte, cada vez duele más la medicidad de jóvenes varones y mujeres que en plena edad productiva piden en la calle “un poco de plata para comer” o “para los pañales” de sus criaturas. Sin saber que tienen un potencial productivo que les aseguraría la vida a ellos y a sus hijos, con progreso, educación y bienestar. Mientras tanto, en la Argentina profunda existen muchas actividades y cadenas productivas ociosas, sin gente para trabajar. Y muchos empresarios no consiguen mano de obra calificada. Los pueblos y las grandes urbes están enfermos de drogas, vagancia y violencia.
Esos beneficiarios de planes sociales ocupan un lugar muy importante en el rojo del presupuesto, implican un gasto de alrededor de 500 mil millones de pesos por todo concepto: pero si se capacitaran a través de empresas, sindicatos, ONGs y con planes coordinados por el Estado, rápidamente podrían conseguir trabajo en las empresas privadas o armar cooperativas de alto valor agregado que aportarían ingresos al fisco. En ese sentido, el Estado nacional tiene recursos ociosos, inmuebles y tierras fiscales que puede aplicar a la capacitación de jóvenes trabajadores.
Para todo esto, lo único que hace falta es decisión política. Hace falta un gobierno liderado por un estadista que quiera transformar la realidad. Que pueda vislumbrar un futuro de grandeza y a lo grande, que no le tenga miedo a la palabra “ahorro”, “austeridad”, “educación” y que no sienta que la pobreza es un destino fatal e inmodificable. Un gobierno que quiera perdurar en el tiempo y en la historia debe resolver urgente el problema de generar más ingresos donde hoy se generan gastos, incrementar la base tributaria y reducir el gasto improductivo que le sirve a un puñado de vivos y no le sirve al país, que vive en la pobreza. Manos a la obra.
