POR MARIANO OBARRIO.-
En medio de la gira por Europa del presidente Alberto Fernández para conseguir apoyos para la negociación de la deuda, su entorno más íntimo celebra los avances en una estrategia secreta con el Fondo Monetario Internacional: luego de sus últimas reuniones con el FMI, el ministro de Economía, Martin Guzmán, trabaja en un esquema de postergación de vencimientos de capital por dos años con un “reperfilamiento” de los pagos, es decir más pagos, de menores montos, durante mayor plazo. “La idea es postergar los pagos hasta 2022 y estirar los plazos de vencimientos”, dijeron en estas horas muy cerca del entorno de Fernández.
En la Casa Rosada aseguraron a La Nueva República que en la primera reunión de Guzmán con el FMI hubo voluntad por parte del organismo de analizar una postergación de vencimientos de manera que la Argentina comenzaría a pagar recién en 2022 con lo cual quedaría liberado de esos compromisos durante 2020 y 2021. Ello le permitiría formular un programa de mayor crecimiento y holgura fiscal.
Si esto se confirma, y se llega a ese acuerdo, éste serviría como modelo espejo para negociar con los bonistas privados, con los fondos de inversión, los bancos y los inversores comunes, tenedores de bonos soberanos de deuda pública. “Si el Fondo acepta ese acuerdo, los bonistas aceptarían un acuerdo similar”, creen en el gobierno en el círculo íntimo de Fernández.
Estas consideraciones aparecieron luego de que Martín Guzmán se reunió el miércoles último en Nueva York con Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y con Luis Cubeddu, Jefe de Misión del organismo para Argentina, y ambas partes calificaron el primer encuentro como “muy” o “extremadamente productivo”.
Sin embargo, 24 horas después el Fondo omitió incluir a la Argentina en su informe de actualización de datos de la región por considerar el “entorno de incertidumbre” por la falta de presentación de un programa económico para el mediano plazo. Tanto el FMI como los inversores y bonistas procuran que el Gobierno defina un programa de ajuste, inflación, actividad para aceptar la reestructuración de la deuda que el equipo económica ofrezca en febrero.
El director del departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, señaló en su blog de “Perspectivas económicas de la región” que “la decisión de omitir a Argentina fue por el entorno de incertidumbre en el país y las definiciones que esperamos se vayan tomando en las próximas semanas”.
El mismo día, el Ministerio de Economía señaló que en la segunda semana de marzo hará el lanzamiento de la oferta de reestructuración de la deuda, mientras que entre el 12 y el 14 de febrero recibirá a la misión del FMI en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los factores que generan más expectativa en el núcleo duro de Alberto Fernández es el apoyo que notan del gobierno de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump, aseguran, no quiere que haya una crisis de deuda en nuestro país y menos que ese posible desorden económico ayude a fortalecer al ala más radicalizada del Gobierno, lease el kirchnerismo. El combate a los populsimos es uno de los puntos salientes de la agenda norteamericana y el blanco principal es el régimen bolivariano de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro.
En ese contexto, en la Casa Rosada no son ingenuos y también descuentan que habrá condiciones que impondrá el Fondo Monetario. El interrogante consiste en saber si esas condiciones, que implicarían un mayor ajuste, son cumplibles para el Presidente sin resignar popularidad. Para el Gobierno, la única condición es que ese ajuste no afecte a los que menos tienen y a la base electoral del peronismo, sin la cual no tendrá reelección.
También aseguran en el Gobierno que hasta que no haya un horizonte de pagos de la deuda Guzmán no podrá presentar ningún programa económico, porque ese plan debe incluir la reestructuración de la deuda y determinar claramente cuales son los pagos comprometidos. Atado a ello, estará la elaboración del Presupuesto 2020, que debería sancionarse en marzo en el Congreso, ya que hasta ahora está postergado el de 2019.
Mientras tanto, el gobierno federal tomo distancia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que postergó los vencimientos del BP21 por 250 millones de dólares a la espera de la aceptación de la reestructuración y puso en problemas la estrategia nacional. Los mercados interpretaron que el gobernador podría hacer caer en default a la provincia y eso afectó a los bonos soberanos y al riesgo país.
La decisión del Gobierno de no asistir a la provincia tuvo que ver con cierta devolución de atenciones por las críticas que el kirchnerismo hizo del gobierno de Alberto Fernández. Y todos saben que Kicillof responde linealmente a la ex presidenta Cristina Kirchner. Igual que el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Ambos dijeron que en la Argentina “existen presos políticos”, algo que Alberto Fernández había rechazado dos días antes. También el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, hizo declaraciones en favor de la despenalización de las drogas y Fernández lo cruzó, ante lo cual Berni insistió en su postura.
En ese contexto Kicillof marca su estilo y dejo de pagar hace unos días el interés de 27 millones de dólares que había prometido para negociar con los bonistas. Guzman en Nueva York dejo en claro que las dos negociaciones de las deudas van por carriles separados. Incluso había dicho que la propuesta de renegociación de Kicillof solo había tenido el 26% de adhesión, lo cual prenunciaba que no llegaría al 75% necesario.
Esto último se comprobó ayer cuando gobierno bonaerense no alcanzó la aprobación del 75% de los acreedores para postergar hasta el 1° de mayo el pago de los 250 millones de capital que vencían el pasado 26 de enero. La Provincia informó que extiende el plazo de la negociación que vencía el viernes 31 hasta el lunes 3 de febrero a las 13. Kicillof tiene hasta el 5 de febrero para lograr un acuerdo y de lo contrario deberá pagar o ir al default. Para conseguir el apoyo Kicillof había propuesto pagar por anticipado los intereses de US$ 7,2 millones. Pero ello no sirvió para convencerlos.
