POR MARIANO OBARRIO.-
El presidente Alberto Fernández anunció en Paris durante esta semana que enviará al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto, pero que contemplará un capítulo para que los bebés y las bebas deseados y deseadas por sus madres puedan gozar de su primer derecho humano: la vida. El Estado les dará así a las mujeres embarazadas vulnerables, que quieran darlos a luz, toda la ayuda, la contención, la vestimenta, el alimento y la tarjeta Alimentar. Les reconocerá ese derecho a la vida de sus bebés.
Pero en cambio, a las madres que no quieran dejarlos nacer se les dará la garantía de poder eliminar a sus bebés y a sus bebas en forma segura y legal. Es decir que los niños no deseados serán condenados a una muerte con ayuda estatal. Para algunos todo; para otros, ni Justicia. Es la nueva estrategia abortista para empatizar con los sectores que defienden las dos vidas.
En otras palabras, los bebés deseados serán ayudados por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; los niños no deseados serán atendidos para su eliminación por el ministro de Salud, Ginés González García.
Nace una nueva categoría jurídica de personas en el derecho argentino. Las personas deseadas y las no deseadas. O indeseables. Esto barre con el principio de igualdad ante la ley y de derechos: se trata a una persona como una mercancía descartable. Si sirve, bien y si no, liquídelo, vino fallado.
Si el Estado reconoce que hay vida y que los bebés deseados son sujetos de derecho a la vida, no se la puede negar a las personas por el solo hecho de no ser deseadas. Porque con esa lógica cualquier persona no deseada podría ser sujeto de eliminación. Esta contradicción es flagrante y mucho más para un simple estudiante de derecho.
Por otra parte, la Constitución nacional de 1994, sancionada por constituyentes como la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, establece que existe la vida desde la concepción. En su artículo 75 inciso 22 incorpora varios tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración de los Derechos del Niño, entre los cuales defiende ese derecho fundamental.
Para avanzar con una ley de legalización del aborto, por lo tanto, primero hay que reformar la Constitución Nacional. Y para ello el Congreso debería habilitar la reforma con el voto de los dos tercios de sus miembros. De lo contrario la ley será inconstitucional.
Según encuestas recientes, la gente no compra la mentira y las incoherencias que propone el Gobierno de cuidar las vidas deseadas y descartar las vidas no deseadas, que es una violación del derecho fundamental a la vida. Y tampoco comparte la idea de discutir lo que se discutió hasta el cansancio en 2018 y se resolvió como lo ordena la democracia republicana, con el voto de sus representantes. El 8 de agosto de ese año el Senado le dijo NO al aborto. Tema terminado.
La sociedad no quiere más divisiones entre celestes y verdes, guerras por las redes y agresiones de las feministas, que ya cansan: quiere mirar hacia adelante y quiere que el Congreso se aboque a resolver los problemas reales del país y de la sociedad actual. Existen demasiados problemas económicos, sociales y de pobreza estructural como para que el Poder Legislativo gaste recursos discutiendo el capricho de una minoría ya resuelto.
Una encuesta que lanzó el jueves último el programa Intratables, por Twitter, arrojó que el 63,7% de 17.800 participantes no quiere que se envíe este proyecto de legalización del aborto al Congreso mientras que sólo el 36,3% está de acuerdo. El público dio vuelta la página.
Si bien fue una encuesta realizada por la red Twitter, el programa televisivo es uno de los más mirados en todo el país y se trata de una red que por lo general es utilizada por público de clase media baja a media alta, joven y mediana edad, justo el segmento entre los cuales el aborto tiene más apoyo supuestamente. Entre los sectores más vulnerables y la población mayor el aborto tiene aún más rechazo.
Para atender el problema de los niños no deseados, o los embarazos no esperados, existen otros caminos mucho mejores antes que el aborto, que es una tragedia humana para sus madres.
En primer lugar existe la prevención, métodos anticonceptivos de todo tipo que hoy la medicina y la ciencia ofrecen en el mercado. En segundo término existen políticas de educación sexual responsable y con valores, sin ideología de género, que pueden ayudar a los jóvenes a orientarlos en su vida y su salud sexual.
También hay que promover programas de contención a la mujer con embarazo vulnerable como los que aplica el municipio de San Miguel en cabeza de su ministro de Salud, Pablo de la Torre, donde se les da todo tipo de facilidades a las madres para encaminarlas hacia la vida de sus niños. Incluso se podría agregar un programa de formación profesional para aquellas madres en situación de pobreza.
Pero además hay que promover la mayor herramienta que puede ayudar a un niño no deseado a conseguir su futuro, que es una ley de adopción que facilite el proceso e incluya la adopción prenatal. Aquellas madres que no puedan cuidar o educar a sus hijos pueden entregarlos en adopción porque siempre habrá una familia y amor para ese niño.
Todo debe ser resuelto en un marco educativo en el que se promuevan los valores fundamentales, como la vida, la familia, la educación de los hijos y la cultura del encuentro y del trabajo. Sin valores, sin el reconocimiento del otro, una sociedad no podrá lograr nunca la inclusión social. Porque la igualdad de oportunidades debe comenzar por casa y desde el vientre de la madre. Apostemos a incluir desde la familia.
Si es verdad que para legalizarse el aborto sería necesario modificar la constitución, ¿cómo es posible que hoy en día se pueda abortar en caso de violación?