Por Mariano Obarrio.-
El tema de la adopción vuelve al centro de la escena. El presidente Alberto Fernández buscará diluir el impacto negativo de la presentación de un proyecto de ley de legalización del aborto con la presentación simultánea de otros dos proyectos de ley, uno de acompañamiento a la maternidad y otro de simplificación del régimen de adopción.
Todavía no hay detalles sobre este último proyecto. Sin embargo sería la iniciativa más novedosa y la que no estaba en el radar hasta estos días. Por el contrario, el Presidente ya había anunciado que buscará un proyecto llamado “de los 1000 días” que buscará contener a las madres en situación vulnerable que quieran llevar adelante su embarazo.
Las dos iniciativas colaterales buscarán diluir las resistencias de los sectores celestes y de la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas, que se oponen a la legalización del aborto. Precisamente, una de las alternativas que los sectores próvida proponen para evitar los abortos es facilitar las adopciones de niños, incluso la adopción prenatal.
El Presidente busca no terminar enfrentado con la Iglesia en el caso de que prospere la legalización del aborto. Y por eso buscará darles alternativas a las madres que quieran continuar con su embarazo con una fuerte ayuda del Estado. Por un lado, se les dará acompañamiento, alimentos, recursos y vestimenta. Por otro se las ayudará a entregar a sus niños en adopción y a los padres que busque adoptar se los ayudará a hacerlo.
En total, sería un paquete de tres leyes que debería tratar el Congreso, por lo cual el debate insumirá tiempo. Los sectores próvida aseguran que aceptar esa alternativa es una discriminación porque se les daría toda la apoyatura del Estado a los bebes deseados, pero se garantizaría la eliminación de los bebes y seres humanos no deseados, creando dos categorías jurídicas de personas, las queridas y las no queridas o descartables. Sin duda, el tema traerá un fuerte debate no sólo en el Parlamento sino en la sociedad.
El sistema actual de adopción desalienta a los padres adoptantes y paraliza el sistema. Cuando regia la ley 19.134 (1971), que estableció la adopción plena y la guarda previa a la adopción de un año, la adopción era un proceso ágil que se podía iniciar antes de ese tiempo y en seis meses tener sentencia.
De ese modo, cumplido el año, el adoptado se inscribía como hijo del adoptante, que podía ser un matrimonio que simplemente acreditase medios de vida normales y ser persona de trabajo y de bien. La ley 24.779 (1997) derogó la anterior y modificó algunas condiciones y requisitos, reduciendo a seis meses el término de guarda y la adopción siguió siendo un trámite rápido y seguro.
El problema surgió con la ley 25.854 (2004) que estableció el Registro Unico de Aspirantes a la Adopción, con alcance nacional y que dispone que cada año hay que reinscribirse. Esto desalentó la adopción legal porque falta demanda de adoptantes.
El actual Código Civil y Comercial, sancionado en el último gobierno de Cristina Kirchner, tomó todo lo más complicado de cada una de las leyes anteriores y se mantiene el Registro Único de Aspirantes a la Adopción. Por ese motivo, la estadística muestra una caída a pico de las demandas de adopción.
Según los expertos en la materia, sería necesario eliminar el Registro Único y reglamentar el proceso de adopción para que vuelva a ser ágil y cree incentivos.
